Diario Crítica

Luces y sombras del nuevo plan social.

Tras seis años de crecimiento a tasas chinas, los niveles de pobreza y desigualdad son aún superiores a los de la década menemista. Hay más de 4 millones de trabajadores no registrados, casi el 40% de los asalariados. La economía empezó a recuperarse, pero persisten las causas del deterioro social desde 2007.

Por Maximiliano Montenegro.

Según la CTA, 47% de los menores de 18 años son pobres : 6,3 millones de chicos ; la mitad, indigente. Tres millones no reciben ninguna cobertura estatal.

El Estado reparte dinero a casi la totalidad de los hijos de los asalariados formales (vía asignaciones familiares o deducciones en el impuesto a las Ganancias a los que ganan más de 4.800 pesos). Y deja a la intemperie a uno de cada dos niños en los hogares del 30% más pobre de la población.

Tras seis años de crecimiento a tasas chinas, los niveles de pobreza y desigualdad son aún superiores a los de la década menemista. Hay más de 4 millones de trabajadores no registrados, casi el 40% de los asalariados. La economía empezó a recuperarse, pero persisten las causas del deterioro social desde 2007 : inflación elevada y menor creación de puestos de trabajo, con bajas remuneraciones en el sector informal.

El anuncio oficial de extender una asignación por hijo de 180 pesos a los desocupados y a los trabajadores en negro es un paso trascendente para encarar la emergencia social. Después podrá -y deberá- discutirse el rumbo del actual “modelo productivo”, que no logró torcer la tendencia constante a la pauperización y la precarización laboral, iniciada durante la última dictadura y consolidada en los noventa.

Los proyectos de la oposición -desde la CTA a la Coalición Cívica- buscaban universalizar un subsidio a la niñez para todos los menores de 18 años, reformulando todo el sistema de asignaciones familiares para los asalariados registrados y el esquema de deducciones por hijo del impuesto a las Ganancias.

El Gobierno optó por una vía más rápida, dirigiendo el subsidio a los hijos de desocupados o trabajadores informales, los excluidos del sistema. Paradójicamente, la propuesta es coincidente con la de Unión-PRO.

La clave. Para saber si la flamante asignación por hijo tiene, a diferencia de otros planes sociales, un carácter amplio, alcanzando al universo de excluidos, la clave estará en la implementación. El titular de la ANSES, Diego Bossio, con muy buena predisposición, respondió ayer a las consultas de este diario sobre los puntos del decreto que parecieran restringir el acceso a los más necesitados. Por ejemplo :

  Se dice que quedan excluidos del beneficio los trabajadores informales que perciban una remuneración “superior al salario mínimo” (desde enero en 1.500 pesos). El requisito despertó la duda de si el Gobierno había adoptado el proyecto del diputado Héctor Recalde, según el cual el trabajador en negro debía declarar ante la ANSES su lugar de trabajo y sueldo, para que luego el organismo denunciara al empleador. Si fuera el caso, por razones obvias, pocos trabajadores informales pedirían el beneficio. “El trabajador no debe informar su lugar de trabajo, sólo una declaración jurada de que gana menos de 1.500 pesos”, dijo Bossio. El funcionario aclaró que el Estado quería guardarse un instrumento legal para anular el beneficio en caso de que se detectara que lo cobran trabajadores en negro de altos ingresos.

  Los monotributistas o las empleadas domésticas en blanco no cobran asignaciones por hijo, y tampoco están contemplados en el decreto. Hay 900 mil monotributistas y casi un millón de empleadas domésticas. Bossio reconoció esa situación y dijo que el criterio en la reglamentación será incluirlos, en el caso del monotributo, al menos los de las categorías más bajas.

  También puede resultar excluyente el requisito del certificado de escolaridad, cuando la tasa de deserción en el secundario en los estratos pobres supera el 50%. El titular de la ANSES respondió que se busca incentivar la escolarización, y que se coordinará un plan en tal sentido con el Ministerio de Educación.

A partir de diciembre empezarán a verse los resultados.

Redistribuir. Desde lo conceptual, hay dos objeciones al anuncio oficial, que tal vez puedan ser subsanadas en el futuro.

Primero, si lo que se pretende institucionalizar es un derecho de los niños de los marginados del mercado laboral entonces el mejor instrumento sería una ley, como la Ley de Asignaciones Familiares beneficia a los hijos de los empleados registrados. Después sí los montos podrían ser modificados por decreto, de nuevo, como sucede con las asignaciones. Marcaría el compromiso de toda la dirigencia política -aún después de 2011- por consagrar ese derecho. Si en los próximos años -ojalá- se redujera drásticamente el empleo en negro y/o la desocupación, entonces menos cobrarían esta nueva asignación de la ANSES y más la asignación familiar tradicional. Pero marginados e incluidos gozarían efectivamente del mismo derecho.

En segundo lugar, la fuente de financiación del esquema (que en el cálculo oficial costaría unos $ 10.000 millones anuales, de incorporarse casi 5 millones de beneficiarios) abre interrogantes. Por los siguientes motivos :

1) A corto plazo (¿hasta 2011 ?) la medida es virtuosa, porque los sectores beneficiados tienen nula capacidad de ahorro y consumirán toda la ayuda estatal, afianzando a su vez la salida de la recesión.

Sin embargo, no está claro que sea sostenible en el mediano plazo. La ANSES tendrá este año un superávit operativo de $ 4.200 millones de pesos, sin contabilizar -como evalúan por estos días en el organismo- un “incentivo de final de año” para los jubilados. El decreto 1602 establece que el subsidio a la niñez se financiará con la renta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Jubilaciones -los aportes acumulados en las ex AFJP-, que hoy asciende a $ 134.600 millones, el 60% “invertido” en títulos públicos. Según cálculos oficiales, el año próximo, esa ganancia financiera sería de casi $ 13.400 millones.

En los últimos años se amplió el universo de jubilados -con la moratoria previsional para 1,8 millones de personas-, a la vez que se aprobó recientemente la ley de movilidad previsional. Es probable que el Fondo de Garantía deba atender, en pocos años más, el pago de esos derechos y/o la reapertura de la moratoria previsional, de persistir los actuales niveles de empleo en negro.

Además, la ANSES no contabiliza, por ahora, las deudas con los propios jubilados, que tarde o temprano deberá afrontar. Si se generalizan los juicios por la incorrecta liquidación de haberes desde la devaluación -tras el fallo de la Corte en el caso Badaro- el organismo deberá pagar más de $ 9.000 millones de pesos.

La otra gran deuda se refleja en la propia escala de haberes : más del 80% de los jubilados cobran hoy la mínima, 827 pesos, la mitad de la línea de pobreza.

2) Se perdió la oportunidad de avanzar en una tributación progresiva, punto en el que había coincidencias a izquierda y derecha. Es difícil escindir la progresividad de un gasto de su fuente de recursos, cuando aflora la tensión en la “redistribución” entre asalariados informales pobres y jubilados pobres que cobran la mínima.

Amado Boudou dice que no es el momento para avanzar con la eliminación de las exenciones a la renta financiera y las ganancias de capital, cuando al mismo tiempo se propone la reapertura del canje de deuda a los holdouts por más de u$s 20.000 millones y se recuperan lentamente los depósitos en los bancos.

Es discutible. Se podría empezar, por etapas, con las ganancias de capital a la compraventa de títulos, acciones y operaciones inmobiliarias. Después gravar la renta financiera sobre títulos públicos (el grueso de la base imponible), que garantizan rendimientos de dos dígitos en dólares en un mundo en que las tasas tienden a cero. Y dejar exentos -por ahora- a los intereses de plazos fijos para ahuyentar fantasmas sobre los bancos.

Sea como fuere, es absurdo que el Gobierno desacredite la potencia de esos impuestos con el argumento del lobby de banqueros con llegada a Olivos. “La estimación de lo que se iba a recaudar por el impuesto a los títulos y acciones en algunos casos no llegaba a 50 millones de pesos. Y en el caso de los plazos fijos era de 441 millones”, afirmó Cristina, durante la presentación del plan.

Esos números contradicen el cálculo que funcionarios del Ministerio de Economía dejaron por escrito en el mensaje de Presupuesto 2010, firmado por el propio Boudou. En la página 38 del mensaje, en el capítulo “Gastos Tributarios” (lo que pierde de recaudar el Estado por exenciones impositivas y regímenes promocionales) se estima que por la exención de Ganancias sobre “intereses de títulos públicos” el Estado resignará el año próximo 3.730,5 millones de pesos. Mientras que por la exención sobre “intereses de depósitos en entidades financieras y obligaciones negociables” cederá recaudación por 990 millones de pesos. En cuanto a las “ganancias obtenidas por personas físicas provenientes de compraventa de acciones y demás títulos valores” no hay cálculo : “sin dato”, dice el Presupuesto.

Sin embargo, en las cuentas de excelentes profesionales del Banco Central, eliminar la exención a todas las ganancias de capital -incluida la compraventa inmobiliaria de personas físicas, como en Estados Unidos- reportaría $ 5.800 millones con la alícuota máxima de Ganancias (35%), y 2.500 millones con una tasa reducida del 15%, como en Brasil.

Si se pretende alentar una cultura fiscal progresiva, es inadmisible que Argentina sea un paraíso de privilegios impositivos, no sólo comparado con Estados Unidos sino también con la mayoría de los países de la región. Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y hasta Uruguay gravan hoy con distintas alícuotas los intereses y las ganancias de capital. Bolivia sólo la renta financiera (ver La tributación directa en América Latina : equidad y desafíos, Cetrángolo y Gómez Sabaini, Cepal, 2008). En fin, la revolución K es un sueño eterno.

Página 12

El ADN de la CTA

Por Mario Wainfeld

Oscar Parrilli llamó al secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, la noche del miércoles. Lo invitó a un acto a realizarse al día siguiente en la Casa Rosada, con un anuncio importante. Yasky inquirió de qué se trataba, el secretario general de la Presidencia rehusó dar precisiones, adujo no saberlo él mismo. Yasky le hizo saber que no asistiría a convalidar una medida que no conocía. Se trataba de la asignación universal por hijo, ahora se sabe.

Por preservar la sorpresa y la acción no concertada, que le placen demasiado el oficialismo, restó presencia a la central alternativa. El discurso de la Presidenta omitió mención y reconocimiento a los padres de la criatura. Su compromiso viene de allá lejos y hace tiempo, desde principios de este siglo, cuando la movilización del Frente Nacional contra la Pobreza y el reclamo de una consulta popular. Dirigentes políticos se sumaron a la movida, entre ellos Elisa Carrió que, en aquel remoto entonces, gustaba describirse como “gorda, periférica y provinciana” y tenía entornos y aliados muy diferentes de los actuales.

También la Iglesia Católica mocionó el ingreso ciudadano, como otros dirigentes, incluido el ex presidente Eduardo Duhalde. Hace poquito se sumaron, con propuestas bastante estrambóticas, las gentes bien de Unión-PRO y Felipe Solá, quien, tras seis años de gobernar absteniéndose de políticas universales, descubrió su encanto.

Pero el núcleo central de la defensa de los nuevos cabecitas negras fue la CTA. Porque bancó siempre la asignación, porque se propuso como representante de los trabajadores con empleo tanto como los desocupados y los movimientos sociales. La CGT, rígida en su institucionalidad y en sus reflejos ante la cambiante realidad, descuidó a ese sector de la clase trabajadora.

También la CTA fue firme en la defensa de los referentes surgidos del nuevo estrato social. Su reivindicación de Milagro Sala, estigmatizada por todo el centroderecha que se llena la boca con la pobreza pero no se involucra con sus emergentes, fue un eslabón reciente de una larga cadena.

Por todo eso, Yasky bromeaba con sus compañeros, mirando a la pléyade de funcionarios y legisladores que despotricaron contra la política social universal y el jueves aplaudían a rabiar : “Lástima que no se puede sacarle el ADN a la asignación”.

La democracia es así, hay virajes de posición, cambios de rumbo. Las mayorías se construyen con pioneros, convencidos, militantes, oportunistas, conversos y gentes que cambian de parecer, con buena fe.

Pero el ADN es innegable y el oficialismo, avaro (aun para sus intereses) a la hora de compartir capital simbólico, quedó en deuda al no hacerle honor. No es su única deuda impaga de reconocimiento con la CTA. Debería saldarla si aspira ser coherente con su agenda progresista y a recuperar el favor de dirigent es y ciudadanos de centroizquierda o progresistas.

Millones de razones

Un salto de calidad en las políticas sociales. El recorrido del oficialismo, de la negación al decreto del jueves. El rol de la Anses, su lógica y sus límites. Errores e inconsecuencias para observar y reparar. Las paradojas de la presidencia de Cristina Kirchner, tres grandes medidas, dos grandes derrotas, un tipo distinto de adhesiones.

  Por Mario Wainfeld

Hay millones de razones para valorar positivamente el decreto 1602/09 que establece la asignación universal por hijo. Millones de chicos, que viven en millones de hogares con estrecheces económicas enormes, serán los beneficiarios. Alrededor de diez mil millones de pesos (que, andando camino, posiblemente sean más) impactarán en sus ingresos, derivarán en la economía local, en buena medida en pequeños comercios. Las provincias, los municipios y el propio fisco nacional disminuirán en millones su gasto en planes afines, pudiendo derivarlo a otras finalidades.

Lo cualitativo, a su vez, vale millones. Cuando el ingreso sea cabalmente universal (lo que requerirá correcciones y adiciones al decreto respectivo, de las que ya se hablará) se habrá consagrado un nuevo derecho ciudadano expandido. A los ojos del cronista el más relevante desde hace más de medio siglo, cuando se legisló el voto femenino. Aún en la transición actual se ha dado un salto de calidad en políticas sociales y se asiste al inicio del plan de ingresos más extendido y generoso de América latina, considerando el conjunto de beneficiarios y el monto, en proporción a la población.

  - -

Revisionismo histórico : El Gobierno revisó su doctrina negativa de años, que juzgaba contradictoria la coexistencia de la promoción del trabajo decente y las políticas sociales universales. Ese paradigma “laborista” tiene su valor como objetivo deseable pero topó con la tozudez de los hechos : la ampliación del conjunto de trabajadores con conchabo formal o “negro” no puso fin a la pobreza por ingresos y a la indigencia. Los tres Kirchner (los dos presidentes y la ministra Alicia) renegaron contra la herramienta que juzgaban un contrapeso a la “cultura del trabajo”. Otros cuadros importantes del oficialismo, como Roberto Lavagna y Alberto Fernández, también fueron resistentes. La CGT tampoco se implicó hasta hace bastante poco, apegada atávicamente a los paradigmas de las buenas épocas en que había pleno empleo y en las que el que trabajaba podía parar la olla.

En el devenir de su mandato, la Presidenta fue repasando su juicio, hasta llegar a la decisión que merece celebrarse. En su imaginario fue crucial el aporte de funcionarios del Ministerio de Trabajo que mocionaron la forma de la asignación familiar, manteniendo el actual sistema contributivo para los trabajadores formales. Esa deriva también había sido insinuada por estudiosos de todo pelaje y dirigentes fundamentalmente opositores. Poner el beneficio “en cabeza” de los menores vencía las resistencias despectivas de amplias capas de sectores medios que, una vez que se salvan, creen que todos los pobres son vagos o cosa similar.

Preservar el sistema contributivo de asignaciones familiares (sostenido con aportes patronales) alivia la carga fiscal, retiene un sistema que funciona pasablemente desde hace décadas. A la vez, posibilita un “puente de plata” para los laburantes más necesitados si consiguen incorporarse al mundo, más tolerable, de quienes cobran con sobre.

Hace alrededor de dos meses Cristina Fernández de Kirchner expresó a sus ministros y a los principales operadores parlamentarios que la única valla a salvar era el financiamiento. Cambió la tozuda negativa por una aceptación condicionada a la sustentabilidad económica. El ministro de Economía Amado Boudou llevó la propuesta de hacerlo a través de la Anses. Ese fondeo garantizado desde el vamos y el dictado del decreto le permitieron al oficialismo ganar tiempo e iniciativa, dos de sus obsesiones : arrancar ya con la acción, evitar subordinarla al establecimiento de nuevos impuestos cuya cosecha tardaría en llegar.

  - -

Errores e inconsecuencias : La prueba de ácido de la medida serán la cantidad y vastedad de beneficiarios que se vayan sumando. Algunas disposiciones del decreto limitan la universalidad, a veces por errores de redacción fáciles de paliar, otras por criterios que se deberán revisar.

En el primer supuesto está la exclusión del personal doméstico formalizado. La asignación cubre a los hijos de trabajadores desocupados, informales y de monotributistas sociales. Por lo tanto, las trabajadoras domésticas no regularizadas pueden acogerse al beneficio pero las formalizadas (que son monotributistas “normales”) quedan excluidas. La diferencia carece de razón y, para colmo, sería un aliciente para mantenerse en la informalidad, en la que se cobraría más. El titular de la Anses, Diego Bossio, reconoció en conversaciones informales con periodistas la inconsecuencia, subsanable vía reglamentaria en función del espíritu de la norma.

Mucho más seria es la exclusión impuesta en el artículo segundo del decreto : no tienen derecho a pedir la asignación “los trabajadores que se desempeñen en la economía informal percibiendo una remuneración superior al salario mínimo, vital y móvil”. Mientras los trabajadores en blanco cobran el beneficio así ganaran mucho más que el mínimo, se discrimina a los informales. El motivo que llevó a la Casa Rosada a poner esta cláusula es prevenir un aluvión de inscripciones de personas de ingresos medios o altos, flojitos de papeles, que abusaran del beneficio. La cautela es excesiva, castiga a laburantes de sueldos bajos y baja protección general. Quizá no influya en la gestión de las asignaciones porque el reclamante sólo debe presentar una declaración jurada sobre su sueldo. Pero es perverso inducirlo a macanear, máxime si la sanción en el (improbable pero nunca imposible) caso de ser descubierto es la pérdida del beneficio.

También es incorrecto que los que tienen seis hijos cobren sólo por cinco, también tiene un tufillo discriminatorio.

La división de la mensualidad, subordinando el pago de un 20 por ciento de su importe a la acreditación de controles sanitarios y escolaridad, también le resulta chocante al cronista. Cierto es que está prevista en proyectos legislativos opositores y que su finalidad es edificante. Pero impone a los padres que cobran la asignación no contributiva un deber que no pesa sobre los que reciben asignaciones familiares. Por añadidura, suma un engorro burocrático y de tramitación, que complica un trámite que debe ser sencillo. Nuevamente, más tareas para los más relegados... humm.

  - -

Reglamentar y atender : La reglamentación será una tarea ardua, porque debe hacerse cargo de los claros dejados por un decreto muy parco. La maraña de planes sociales de todo tipo generará situaciones de hecho de compleja resolución. La recepción de los pedidos será todo un desafío para la burocracia gubernamental, que sigue poco aceitada. Ha de ser importante imponer que los trámites sean simples y amigables, regidos por el principio “in dubio pro reclamante”. Un rechazo indebido es más grave que una admisión prematura, revocable luego.

Daniel Arroyo, ex secretario de Políticas Sociales de Nación y ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, explica que el flujo de postulantes es irregular. En un primer momento, lo harán los más informados o avezados. Habrá otros sectores que será necesario interpelar y anoticiar, por diferentes medios. La publicidad oficial en medios masivos será necesaria pero no suficiente. Harán falta campañas intensas en escuelas, salitas hospitalarias, comedores públicos y otros centros de relacionamiento social. La experiencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar (JJDH) que se pretendía universal y se cortó abruptamente por exceder los recursos asignados, fue cruel. Los más desamparados, los más desestructurados llegaron tarde a la ventanilla. La condición universal del decreto 1602 impide ese desenlace pero no que se ralente el acceso, lo que deberá atenderse con una acción proactiva y constante.

  - -

Money, money, money : El aludido JJDH, que se encaminaba a paso seguro a la eutanasia, será suplido por uno más generoso. Para otros programas hay una zona gris, que se irá develando al andar. De cualquier modo, habrá muchos pases de beneficiarios al nuevo esquema.

La cobertura de la Anses liberará fondos estatales y será digna de verse la brega al interior de la nación, las intendencias y las provincias por redireccionarlos. A cuenta de esa puja, la ocasión pinta calva para otros programas laborales o sociales. El sistema laboral argentino prestó poca atención a los desempleados, desidia quizá explicable en el contexto existente, números redondos, entre mediados de las décadas del ’40 y del ’70. Ahora es una necesidad acuciante, insuficientemente resguardada por el seguro de desempleo contributivo (solventado por aportes patronales) y por el seguro de capacitación y empleo, no contributivo. El primero no tendrá nuevos ingresos. El segundo, que se nutre de partidas específicas del presupuesto, recibirá un posible trasvasamiento de actuales beneficiarios del JJDH. Podría ponerse al día con un incremento significativo que lo potenciara. Hacerlo arrimaría el bochín a un círculo virtuoso aludido por la Presidenta : la flamante política social insuflaría nueva fuerza a la laboral.

  - -

Los nuevos cabecitas : Los de-sempleados, los informales, los que ganan menos de lo necesario... hay un nuevo mapa de la clase trabajadora. Los “cabecitas negras” del siglo XXI no son ya los camioneros, los mecánicos automotrices, los cuello blanco de UPCN. Hay un nuevo sector que está muy distante de ellos. No tienen vacaciones pagas, ni cobran aguinaldo, ni disponen de cobertura de obras sociales. Sus diferencias de talla, estado de salud y autoestima se perciben en las movilizaciones masivas. Ese sector es el que clamaba por medidas directas como la que estamos analizando, que no alcanzará pero que es un gran paso adelante. La distracción oficial por su suerte, la estigmatización que descarga la oposición sobre sus emergentes, hablan de la complicación de comprender la irrupción de un conjunto que está por debajo de los laburantes sindicalizados. En una interesante entrevista publicada ayer en el suplemento Las12, la socióloga Maristella Svampa analiza la fragmentación de la clase trabajadora y el surgimiento de “un nuevo proletariado plebeyo”, característico de esta etapa, que no encaja en las categorías tradicionales de clase trabajadora o lumpen proletariado. Su análisis, sin duda superior y tal vez no idéntico al del cronista, es digno de recomendación.

  - -

Rara, como encendida : El gobierno de Cristina Fernández atravesó muchos más sobresaltos que el de Néstor Kirchner y sufrió dos derrotas sin parangón : la de las retenciones móviles y la de las elecciones de junio. A su vez, plasmó tres medidas de enorme implicancia institucional, largamente demandadas por actores progresistas : la vuelta al sistema jubilatorio estatal, la ley de medios y la asignación universal. Tiene menos consenso que el que disfrutó Kirchner y, da la impresión, adhesiones más fervorosas y militantes. La virtualidad del kirchnerismo para triunfar en 2011 es apreciablemente menor que la que disponía dos años antes de los comicios de 2007. Ha polarizado más, ha acentuado la politización de sus partidarios. El panorama es complejo, cuando no paradójico, da para tratamientos más agudos. Lo cierto es que va camino de dejar un digno legado al futuro presidente, sea o no de su signo.

En el interregno transcurrido desde fin de junio el oficialismo ha recuperado el control de la agenda política, aunque en este caso tomando una conquista que se acuñó fuera de sus filas. La oposición lo acusa de plagio, cuando se empecina en no escuchar le imputa cerrazón. También bucea en sus móviles para producir acciones de gobierno, siempre concluye que son espurios y que emponzoñan todo lo que hace.

Los móviles de las medidas son, como todo, tema presto al debate. En esta cuestión hay millones de cuestiones más interesantes en danza.

Clientelismo VIP

Por Mario Wainfeld

La oposición critica que se tocan “los fondos de los jubilados”. Los que hace meses votaron para que esos recursos siguieran siendo manejados (timbeados) por los tránsfugas brokers de las AFJP carecen de legitimidad para ese reclamo, indignado como es de rigor.

Además, el razonamiento no es riguroso, las jubilaciones se subvienen con un haz de recursos fiscales, ya que los aportes directos no bastan. Muchos de esos impuestos podrán recaudar más en lo inmediato, explican en la Rosada y zonas de influencia, a través del formidable incentivo keynesiano que es poner dinero fresco en el circuito económico.

La solución temporaria se aviene a la emergencia y a la solidez de la “caja” estadual pero deberá ser complementada o suplida en el mediano plazo. Desechar, como hizo el propio Boudou, tributos a las transacciones financieras o bursátiles para ese futuro inevitable es, por la parte baja, una inconsecuencia y un error. Las cifras potenciales de recaudación estimadas por el ministro son consideradas irrisorias por tributaristas más avezados y de formación más progresista.

La vara de medida para esos impuestos, que existen en casi todos los países capitalistas avanzados y en los vecinos, no puede ser si captura diez mil millones al año. El montante podrá ser menor pero algo sumará y reparará una injusta discriminación a favor de los sectores financieros. Prima el afán de congratularse con ellos, de cara a la reconciliación light con el Fondo Monetario Internacional, a la reapertura del canje de deuda y de las tratativas con el Club de París. Ese afán, opinable cuanto menos, se prolonga en exceso otorgando un “bill” de indemnidad para timberos o inversores. El cronista se permite parafrasear al sociólogo Emilio Tenti Fanfani, quien explica que, cuando se otorgan pequeños beneficios a muchas personas, se habla de “clientelismo” y se expande la sospecha de que se busca amarrar su voto, al fin y al cabo la máxima expresión de la vida democrática. Pero cuando los beneficiarios son pocos y por cantidades grandes se omite la alusión al clientelismo, se prodigan alabanzas. Y, agrega este escriba, sin ir por sus votos (muy contados) sino por su apoyo fáctico extrademocrático cuando no antidemocrático.

El discurso presidencial remarcó que el instrumento elegido no colma todas las necesidades de los trabajadores y de la economía. Para ser coherente con ese sensato criterio, hay que asumir que su financiamiento coyuntural no dispensa la regresividad del sistema impositivo ni sus abundantes privilegios. Ni tampoco asegura la robustez fiscal eterna. Nada convalida prorrogar una injusticia de larga data.

Desafíos de la asignación por hijo

- Por José Natanson

Los planes de transferencia de renta condicionada, como el que anunció el jueves pasado Cristina Kirchner, se vienen aplicando en diferentes países de América latina desde los ’90, aunque en los últimos años su extensión llegó a niveles insospechados.

El caso más conocido es el del BolsaFamilia. En 2003, antes del triunfo del PT, unos 3,6 millones de familias recibían el Bolsa Escola, el antecedente inmediato del Bolsa Familia. Hoy reciben la transferencia 12 millones de familias, 44 millones de personas, lo que supone un cuarto de la población brasileña y más que el total de habitantes de la Argentina. El programa cuesta, en total, 5000 millones de dólares al año, alrededor de 0,5 por ciento del PBI y del 2,5 por ciento de los gastos del gobierno federal, y entrega a cada familia, en promedio, 34 dólares, dependiendo de la cantidad de hijos y el nivel de pobreza (las familias en situación de pobreza extrema reciben una suma extra). En un marco de crecimiento económico y junto a otras medidas complementarias, como los aumentos del salario mínimo y -tema crucial- la contención de la inflación, el Bolsa Familia ha generado la caída de la pobreza más importante del último medio siglo y, lo más notable de todo, una reducción de la desigualdad : el Gigi bajó 0,7 puntos al año entre 2003 y 2007.

Los beneficios de este tipo de programas son varios : en primer lugar, contribuyen a paliar la pobreza, y en especial la pobreza extrema de manera casi automática. A diferencia de los comedores infantiles, fortalecen la mesa del hogar y ayudan a superar la fragmentación familiar. Generan también un efecto positivo en términos de género, pues el dinero se transfiere preferentemente a las mujeres, que, según diversos estudios, lo administran mejor que los hombres. La contraprestación permite mejorar la asistencia al sistema educativo y de salud de los niños de los sectores más castigados, lo que implica que estos programas funcionan a la vez como un alivio de la pobreza y como un intento de romper su reproducción intergeneracional a través del ataque a las causas (déficit nutricionales, baja escolaridad) que la producen. Desde el punto de vista económico, contribuyen a dinamizar las economías locales, ya que casi todo el dinero transferido se destina a alimentación (el resto suele utilizarse en transporte). Finalmente, al tratarse de una simple transferencia de efectivo y no de un pago en especie, no requieren grandes inversiones de infraestructura y son relativamente fáciles de implementar.

Bien desarrollados, los programas de este tipo se convierten en un derecho social, políticamente difícil de anular, que contribuye a crear ciudadanía y a mejorar las condiciones de vida de las familias más pobres. Lo cual, por supuesto, no quiere decir que no presenten desafíos. Veamos.

Escollos a superar

La primera gran cuestión es definir el universo de beneficiarios. Ninguno de estos planes es universal en sentido estricto, porque en realidad pocas cosas lo son (el voto es universal pero sólo para los mayores de 18 años, el ingreso a la UBA es universal pero sólo para los que terminaron el secundario). Lo central, en todo caso, es que el programa abarque un universo amplio y que, dentro de ese universo, llegue a todos los beneficiarios : si se trata de las familias pobres, que todas accedan a la transferencia ; si se opta por los desocupados, que llegue a todos los que no tienen trabajo. La utilización política de los planes -lo que los comentaristas televisivos suelen llamar clientelismo- se reducirá cuanto más efectivo sea el acceso y cuanto más universal sea la cobertura.

En Brasil, por ejemplo, sólo reciben el Bolsa Familia los hogares que se encuentran en situación de extrema pobreza (sin considerar su composición) y las familias en situación de pobreza simple (menos de 120 reales por mes por persona) con hijos menores de quince años o mujeres embarazadas o en lactancia. Pero, ¿cómo decidir a quién darle el dinero y a quién no ? En Brasil se optó por el siguiente mecanismo : ofrecer el plan primero a los municipios más pobres del país, que a su vez debían encargarse de seleccionar, dentro de su territorio, a las familias que más lo necesitaban. Aunque parecía una buena idea, los evaluadores descubrieron que los municipios más pobres eran también, lógicamente, los que tenían más dificultades administrativas y de gestión y a los que les resultaba más difícil seleccionar a las familias, entregar los subsidios y controlar que se cumplieran las condicionalidades. Esto generaba problemas de subcobertura justamente en quienes más lo necesitaban.

En el caso argentino, el decreto oficial definió como beneficiarios a los desocupados con hijos menores de 18 años, los trabajadores en negro que ganan menos que el salario mínimo y los monotributistas sociales. El decreto dice que quedan exceptuados los trabajadores informales que cobren una remuneración superior al salario mínimo, pero quedan dudas en cuanto a la forma de probarlo. En su blog, Lucas Llach propuso invertir la carga de la prueba : que no se exija ninguna acreditación y que se establezca una penalidad alta para quien estuviera cobrando la asignación y tuviera ingresos mayores al salario mínimo. En otras palabras : todo trabajador informal forma parte del universo hasta que se demuestre lo contrario. Por otra parte, hay otros sectores que deberán ser tomados en cuenta : por ejemplo, las empleadas domésticas en blanco, a quienes sería absurdo no otorgar el beneficio, por una cuestión de equidad y para no generar incentivos para el pase a la informalidad. Lo mismo con los monotributistas de las categorías más bajas.

Otro aspecto a considerar es la compatibilización con los planes provinciales y nacionales existentes (Plan Jefas y Jefes y Plan Familias). El decreto establece que aquellas personas asistidas por algún plan social -fuera del Familias- no pueden recibir la asignación por hijo. Aunque se descuenta que renunciarán al beneficio actual para pasar al nuevo programa, el traspaso debe hacerse con cuidado para no generar vacíos, así sea transitorios.

La cuestión de la contraprestación ha generado críticas de aquellos que sostienen que, al tratarse de un derecho y no de una dádiva, la asignación debería ser incondicional, sin pedir nada a cambio. Aunque el punto es atendible, la realidad, menos filosófica, demuestra que la contraprestación da resultados. En Brasil, según los datos de la investigadora Vera Soares, la probabilidad de asistencia a la escuela es 3,6 puntos porcentuales mayor para los niños beneficiarios, mientras que la probabilidad de deserción es 1,6 punto porcentual más baja. Hay, por lo tanto, un argumento fáctico que avala la condicionalidad : funciona.

Pero debe manejarse con cuidado. En Brasil, un estudio realizado por Andrea Rodrigues Ferro y Ana Lúcia Kassouf en cuatro municipios pobrísimos del nordeste reveló que los niños beneficiarios del plan subían menos de peso que aquellos que no lo recibían, situación que fue atribuida al temor de las madres a perder la transferencia si sus hijos pesaban más de lo normal. En Nicaragua, se exigía que los niños subieran de peso como forma de controlar el destino del dinero, hasta que una investigación demostró que en muchos casos se los sobrealimentaba en los días previos a los controles médicos. Para evitar estos malentendidos, es necesario complementar la inscripción con una amplia campaña de información.

Finalmente, si el plan se implementa correctamente y se produce un incremento de la matrícula escolar y de la asistencia a los hospitales, se genera una presión sobre el sistema educativo y de salud, que no solo tiene que atender a un número creciente de niños sino que además tiene que ocuparse de chicos que pertenecen a familias muy castigadas, lo que a menudo genera dificultades adicionales. Esto exigirá un esfuerzo de coordinación entre el Estado nacional, que implementa el plan, y las provincias, que administran la salud y la educación, pues tiene poco sentido lograr que más y más chicos sigan educándose, o que más y más familias vayan regularmente al médico, si la escuela o los hospitales no pueden ocuparse adecuadamente de ellos. En la jerga de los economistas, no alcanza con incrementar la demanda ; también es necesario mejorar la oferta.

La sustentabilidad fiscal

Los planes de transferencia de renta exigen una inversión importante y, lo que a menudo resulta más difícil, permanente. El esquema de financiamiento previsto por el Gobierno, que descansa en los recursos de la Anses, puede funcionar en lo inmediato, pero deberá repensarse en el largo plazo, de manera tal que el plan se sustente con fondos del Estado, es decir impuestos. Y es en este punto donde todo se complica.

Argentina recauda, incluyendo a las provincias, el equivalente al 27,6 por ciento de su PBI, según datos de la Cepal. Esto implica más que el promedio de América latina (20,2), pero menos que Brasil (35 por ciento) y los países desarrollados de la OCDE (35,9). La estructura impositiva argentina, además de relativamente estrecha, es regresiva. Se apoya sobre todo en el IVA, cuya recaudación, si se suman otros impuestos indirectos, llega al 47,3 por ciento del total. En los países de la OCDE, en cambio, no supera el 18. El carácter estructuralmente regresivo del sistema se profundiza por otros factores : los últimos datos proporcionados por la AFIP estiman que, mientras la evasión del IVA se limita al 25 por ciento, la evasión del impuesto a las Ganancias ronda el 50. Esto se agrava por el hecho de que aquí, como suele ocurrir en los países pobres, la recaudación de impuesto a las Ganancias descansa básicamente en las empresas (70 por ciento) en lugar de las personas físicas, cuando en Europa, lógicamente, ocurre al revés, pues la idea no es castigar la producción sino la renta personal. Finalmente, Argentina es uno de los pocos países del mundo (incluyendo Estados Unidos) que no gravan las rentas de capital en cabeza de las personas físicas. Las retenciones han corregido este sesgo regresivo, pero muy parcialmente, ya que la recaudación por este concepto llega a 13,4 por ciento del total.

Es interesante, en cualquier caso, revisar algunas reacciones. Tras el anuncio del jueves, los dirigentes opositores desplegaron una serie de críticas : algunas, sobre todo las relacionadas con dudas concretas en cuanto a la forma de implementación del plan, son razonables. Otras parecen menos adecuadas : por ejemplo, la crítica por lo acotado de la asignación y el reclamo de extenderla a todos los niños por parte de quienes se han opuesto a la nacionalización de las AFJP o el aumento de las retenciones, sin los cuales el programa sería obviamente imposible. En el otro extremo, los argumentos oficiales para descartar una reforma tributaria -la explicación se resume en la imagen de la caja de Pandora : como en un matrimonio, la reforma impositiva se sabe cómo empieza pero no cómo termina- también deben ponerse en cuestión. De hecho, lo mismo podría decirse de cualquier transformación económica estructural, como la alteración del tipo de cambio o las nacionalizaciones. Y en cuanto a la coyuntura, sabemos ya que los momentos de crisis -lo demuestra la historia, de la imposición de retenciones en tiempos de Duhalde-Lavagna al canje de la deuda en los primeros años K- no son malos para avanzar en cambios de fondo.