El Foro por la Justicia Independiente dice que hay impunidad garantizada.

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El Foro Ciudadano por una Justicia Independiente difundió una crítica lectura de la realidad institucional del Chaco, en la que plantea que el poder político logró el control total del Poder Judicial “para garantizarse la actual y futura impunidad”, en un contexto en el que “la indefensión jurídica es la regla”.

El documento lleva las firmas de referentes de los distintos sectores que componen el Foro, como los diputados Daniel San Cristóbal (Frente Grande), Alicia Terada (ARI) y María Inés Pilatti Vergara (PJ) y los dirigentes Esteban Branco Capitanich (Ligas Agrarias), Oscar Arévalo (Colegio Médico), Carlos Martínez (Barrios de Pie), Jorge Kordi (Sociedad de Arquitectos), Sergio Soto (UTRE), Elena Lestani (Comisión de Derechos Humanos), Rodolfo Schwartz (CCC), Rolando Núñez (Centro Mandela), Mario Bosch (CELS), Carlos Diez (Consejo Profesional de Arquitectos e Ingenieros) y otros.

Justicia copada

El texto completo es el siguiente :

“Es evidente que los dueños del poder político ya no pueden actuar, sin tener bajo su control y dependencia a la totalidad de las instituciones públicas y privadas y a los poderes del Estado. Finalmente, lograron someter al poder judicial porque de ese modo se garantizan impunidad ; el manejo de la justicia chaqueña ha sido el último objetivo que consiguieron al cabo de planificar la pérdida total de la independencia de ese poder. Es que lograron garantizarse la actual y futura impunidad, no sólo para los dirigentes y funcionarios de primera línea, sino en beneficio de todos ellos. La indefensión jurídica es la regla y explica por qué la mayoría de los chaqueños quedamos en manos de la voluntad, de la conveniencia, de los intereses y de los caprichos de los dueños del poder público.

El Foro por la Justicia Independiente no es la única organización social que viene denunciando públicamente esta gravísima situación. Como consecuencia de la pérdida de independencia del poder judicial numerosas organizaciones, entidades, sectores y personas se han expresado y han reprobado las acciones del poder político en la tarea de lograr la suma del poder público. Los magistrados, los colegios de abogados, las más importantes instituciones empresarias, profesionales, sindicales y sociales de nuestro medio han manifestado sus preocupaciones ante la penosa situación creada, que ya no puede ser negada por nadie.

“Tuvimos razón”

Al respecto merece destacarse que todo cuanto el Foro de la Justicia Independiente ya había anticipado, se cumplió. Desde la abolición del amparo, cuando advertimos que con el pretexto de reglamentar esta acción, lo que en realidad se estaba implementando era una estrategia hegemónica y totalitaria del poder político para establecer su propio campo de impunidad.

Luego, los sucesivos atropellos y estropicios que se produjeron después en el ordenamiento jurídico, violando la Constitución, como en los casos de Müller, Toledo, Volman, etcétera, no significaron otra cosa que la demostración del propósito de que quieren y demuestran que pueden, supeditar al Poder Judicial mediante el abuso de autoridad y los mensajes de obediencia debida que se les debe “a los que mandan”. Por algo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chaco manifestó al doctor Ricardo Franco, presidente del Consejo de la Magistratura, lo siguiente : “Tenemos para nosotros, que el Consejo de la Magistratura ha sido creado para asegurar y garantizar la independencia de los jueces y no para regimentarlos en determinado sentido...”, y solicitaron : “1) Que el Consejo de la Magistratura que preside, ponga término al jury de enjuiciamiento iniciado contra la doctora Cynthia Mónica Lotero de Volman, en la medida que las denuncias formuladas implican una indebida ingerencia en la función jurisdiccional, que pretende condicionar los respectivos pronunciamientos judiciales, empañando la consolidación de la libertad en el desempeño de la misma”.

Pruebas de la degradación

Todas estas expresiones fueron pruebas indiscutibles de que el poder político se apropiaba de los poderes públicos, designando para ello a personas adictas e incondicionales para integrar sus órganos de conducción y de funcionamiento. A lo que acabamos de describir, se agregaba la designación del doctor Rolando Toledo como miembro del Superior Tribunal ; 17.000 firmas de chaqueños se levantaron contra aquella designación ; sin embargo, siguieron adelante y colocaron a este funcionario adicto en el máximo nivel del Poder Judicial.

Ocurrió y ocurre lo que ocurre, como una cadena que diariamente agrega un nuevo eslabón en la estrategia de someter al poder judicial. Se demoran las causas más paradigmáticas, como las que involucran al ex vicegobernador Miguel Pibernus, al ex ministro de Salud, Jorge Romero, y otros casos resonantes. Quizás estén especulando con la prescripción de estos casos, tal cual ocurría durante la vigencia del menemismo. Como contrapartida, se aceleran los expedientes que se formaran contra las personas o sectores críticos o adversarios del poder político, a los que se califica de enemigos que deben ser combatidos sin piedad. Recordemos casos como los de Pértile, Müller, Lotero de Volman, más recientemente la doctora Gutiérrez, y otros. El caso Pértile desnudó las prácticas más antidemocráticas, autoritarias e ilegales de los poderes Legislativo y Judicial, que actuaron como brazos perfectamente articulados para conseguir los propósitos hegemónicos de los dueños del poder. La Corte Suprema de Justicia de la Nación así lo estableció, aunque moderadamente lo expresara señalando que los jueces del Superior Tribunal del Chaco “omitieron efectuar el mínimo análisis del caso”. Esta frase o forma de expresarse de los miembros de la Corte Nacional significa, nada más y nada menos, que no se impartió justicia, sino que se la denegó, respondiendo a los intereses del poder político gobernante que se apoderó de la democracia chaqueña y de los poderes del Estado de una manera que nunca ocurrió en nuestra provincia, salvo durante la dictadura militar.

Sin escrúpulos

Habiendo desaparecido --de hecho-- la independencia del Poder Judicial, todo el sistema institucional queda sometido al arbitrio, caprichos y/o necesidades de los que mandan.

La prueba es el reciente fallo Contencioso Administrativo por el cual --sin escrúpulos ni miramiento alguno-- los jueces adictos revocan el fallo de primera instancia, de la doctora Volman, legitimando el descuento de haberes a los docentes por ejercer el derecho constitucional de huelga. Es obvio que cuando la apelación a tan deleznable medida llegue al Superior Tribunal de Justicia, el resultado será todavía peor, razón por la cual, la actual esperanza de una sana administración de justicia para los trabajadores, no está en su propio suelo, no puede acceder a ella en su propia provincia y --tras largo y penoso transcurrir del tiempo-- debe atesorar la esperanza de cobrar las quitas salariales, recién cuando se expida la Suprema Corte Suprema.

La maquinaria de la hegemonía, que interconecta todo el sistema institucional, en pos de imponer el control social como sea, ha incurrido con este fallo en una verdadera tropelía jurídica. Porque este fallo es arbitrario (es un fallo dictado por capricho de la autoridad y no porque lo manda la ley) puesto que en el orden local no existe una sola norma legal (ley de la Legislatura) que habilite a los poderes públicos a descontar a los empleados por días de huelga, aclarando que el ejercicio legítimo de un derecho constitucional en modo alguno puede implicar una sanción y menos aún si tiene por objetivo desalentar para el futuro las reivindicaciones laborales y los reclamos de orden salarial, dado que tienen naturaleza alimentaria y más arbitrario aún, si esta medida es aplicada por el gobierno, sólo al sector docente.

No estamos aventurando juicios irresponsables sobre esta realidad que estremece y consterna al mismo tiempo. Este es el Superior Tribunal de Justicia que declaró la constitucionalidad de la ley que modificó el amparo, convirtiéndola ahora en verdadera ley del desamparo de los justiciables. El Superior Tribunal avasalla sin miramiento a la Constitución misma. Inspirados seguramente por el modelo del proceso militar, ponen en vigencia el instrumento legal pergeñado por Rolando Toledo en su condición de ministro de Rozas, justo después de que toda la estructura judicial (tanto a nivel de jueces, como de Cámaras) ratificaron la inconstitucionalidad de esa reforma a la ley de amparo. El mensaje inscripto en semejante barbarie es claro : al poder no le importa lo que piensa, siente o cree un juez ; le importa solamente su obediencia o su consentimiento. Es de este modo que el gobierno cierra completamente el acceso a la Justicia.

Otra nueva herramienta de sometimiento

La creación de la futura Cámara Penal de Apelaciones determinará el nacimiento de un órgano que será la llave para determinar las causas que irán a juicio y las que pasarán a formar parte del inmenso archivo de la impunidad. Esta cámara será una verdadera “llave de control”, cuya cobertura de cargos aparentará la selección de sus miembros por concursos, con postulantes diversos, con afán de justicia, capacidad de trabajo y méritos personales en el plano moral, intelectual, académico y ético. Sin embargo, al igual que lo ocurrido en oportunidad en que se designara al doctor Rolando Toledo para integrar el Superior Tribunal, los futuros miembros de esta Cámara deberán ser necesariamente adictos y dependientes al poder político, con prácticas probadas en materia de obediencia debida, de manera que el sistema de selección nuevamente va a servir --en las formas-- para continuar profundizándose la pérdida de la independencia, externa e interna, del Poder Judicial, como así también contribuirá en su caída en eficiencia, transparencia y neutralidad, con lo cual crecerá el descrédito público. Curiosamente, los más prestigiosos abogados y funcionarios judiciales ya han decidido no presentarse a esta parodia de concursos de antecedentes y oposición. Una verdadera vergüenza, cuyas manifestaciones presenciaremos en algunas semanas más. Y no sería de extrañar que más allá de todos quienes estuviesen concursando para el cargo en cuestión, finalmente fueran “bendecidos” aquellos funcionarios “funcionales y conniventes con el poder político”.

Manipulaciones armónicas

En armonía con la sistemática degradación de la Justicia chaqueña, el presidente de la Legislatura operó una manipulación extraordinariamente amañada para mandar al archivo la causa por irregularidades que se produjeran en los trámites administrativos iniciados para la construcción del edificio legislativo, que lo tienen como principal figura y responsable. Sobre tablas, la Alianza oficialista rechazó el pedido de desafuero solicitado por la jueza Susana Gutiérrez, que tuvo suficientes razones para realizar el planteo de la quita de inmunidades a Carlos Urlich. En definitiva, esta mayoría parlamentaria logró impedir que se investigue al presidente de la legislatura por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y fraude al Estado. Instrumentaron una impunidad legal.

No conforme con la demostración de que “todo vale” para lograr impunidad, el presidente de la Cámara de Diputados repitió su conducta prepotente y de mal educado, atacando salvajemente a la doctora. Susana Gutiérrez porque actuó conforme a la ley. Lo de Urlich es no solamente inaceptable, sino que expresa la práctica política más salvaje, que se impone por la fuerza de la prepotencia, de las amenazas y de las presiones, sin importar los medios, las consecuencias y las personas. Atacan con conductas netamente marginales, impropias de los demócratas. Todo esto confirmó que el poder político de la provincia del Chaco es autoritario y que pretende y logra impunidad. Poco importa que la Cámara de Diputados continúe perdiendo credibilidad ante la opinión pública. El poder político necesitaba impedir que se investigue a Carlos Urlich ; no le conviene que sea investigado. Apuestan a la impunidad. Para ello, destruyen los poderes y las instituciones del Estado. Además, someten o corrompen. El resto, pasa por el clientelismo político y algunas otras prebendas.